
En 2009 las obras del Prado de San Sebastián (Sevilla) fueron paralizadas por el Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía (TSJA). La Universidad de Sevilla (US) pretendía convertir un parque público en un campus de facto instalando una biblioteca-centro de investigación en él, a escasos metros del Rectorado. El argumento del TSJA, frente a una denuncia de los vecinos, fue que la US pretendía usar un bien común para el bien particular de la Universidad. El proyecto de la US contaba con el beneplácito del Ayuntamiento (PSOE). El PP propuso otros terrenos para edificar la biblioteca, pero sin demasiada insistencia. Cuando las obras fueron paralizadas aquella zona del parque ya estaba arrasada y cubierta de cemento.
La US y el Ayuntamiento, enfadados, acordaron elevar esto al Tribunal Supremo estatal y también se han enfrentado en Bruselas, ya que el parque fue edificado con fondos europeos hace menos de una década.
A la ciudadanía, como siempre, la falsimedia le vendió el siguiente (falso) dilema: ¿queremos una biblioteca de bonito diseño o queremos árboles?. Solución: el Ayuntamiento transplantó los árboles y cubrió la zona de cemento. La pregunta real debería haber sido: ¿queremos una biblioteca universitaria en medio de un parque público o la queremos en otra parte?. Es evidente que en toda ciudad se pueden sacar terrenos de donde sea, solares inclusive, o quitar los solares a los ricos por el bien público (la constitución lo permite). Sin embargo, los Ayuntamientos siempre optan por expropiar a los pobres para hacer edificios de inmobiliarias millonarias (¡Robin Hood a la inversa!) y destrozar parques públicos con total impunidad. Osea, "ejercen la ley" de manera injusta y, en ocasiones, de manera ilegal.
Hoy me entero de que el Ayuntamiento de Sevilla acaba de donar un terreno al Estado para que construyan un cuartel de la Guardia Civil (cuerpo militarizado creado hace más de 100 años para la represión campesina y que hoy se encarga de poner multas y pinchar teléfonos) que compartirán, como buenos vecinos, con la Policía Nacional (que tortura a 200 personas anualmente, multa los jóvenes por fumar marihuana y detiene a criminales de poca monta, dejando a los verdaderos gángsters en libertad). Eso sí, los vecinos de la zona estan muy contentos porque ahora ya pueden sacarse el DNI electrónico (con chip incluido) más cerca de casa.







